Mesas de trabajo con la CMF y más recursos: las peticiones para la puesta en la marcha de la Ley Fintech

Aún no existe fecha de cuándo el Presidente Gabriel Boric firmará la Ley Fintech, los principales actores del ecosistema tienen expectativas de cómo debería delinearse el marco normativo que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) debe poner en marcha. 

Esto, pues la Comisión deberá dictar cerca de 70 normas luego que la ley estableció un aumento de su perímetro regulatorio, al incorporar a una serie de empresas tecnológicas financieras.   

El gerente legal de Buda.com, Samuel Cañas, indica que “esperamos que el proceso sea altamente participativo, transparente y abierto para así lograr una regulación que cumpla con los principios primordiales establecidos en la Ley, en cuanto al fomento de la inclusión, competencia e innovación en los mercados financieros”.

El Chief Legal Officer de Broota, Rodrigo Bustamante, y el abogado de la misma compañía, Sebastián Donoso, destacan que “la CMF siempre ha tenido un diálogo constructivo frente a lo que veníamos haciendo nosotros, tal como lo ha hecho con otras fintech. Eso nos lleva a pensar que seguirán en la misma postura, añadiendo mesas de trabajo o diálogo para ejecutar de manera correcta esta ley y su entrada en vigencia”. 

La gerenta de regulación del grupo CryptoMarket, Fernanda Juppet, apunta es fundamental una participación de las industrias en el proceso de dictación de normas para el ecosistema, ya que han existido experiencias dentro de la región con normas fintech que en su implementación, “han creado una incertidumbre contraproducente para el desarrollo del sector”.

Mesa de trabajo

En esa línea, el CEO de RedCapital, Gustavo Ananía, enfatiza que “lo más importante y trascendental ahora es pedir una mesa de trabajo a la CMF. Es fundamental que la Comisión se apoye en las fintech para establecer las normas de carácter específico, sobre todo, pensando que hay cosas como por ejemplo, las exigencias de capital que se tienen que clarificar”. 

Sobre este último punto, Ananía profundiza que “puede pasar que haya fintech que tengan su matriz fuera de Chile, y que su capital está afuera, o que otras tengan patrimonio negativo. Por lo tanto, hay que buscar los caminos para solucionar lo que a la CMF le interesa, pero con grados de flexibilización, pensando que somos fintech y no financieras tradicionales”. 

El CEO de Maxxa, Juan Pablo González, espera que los procesos normativos de la Ley Fintech a través del regulador “sean súper claros, razonables en términos de tiempo y lo más digitales posibles para los envíos de información. Además, sería muy bienvenida la creación de mesas de trabajo de la CMF con las empresas, para así evitar malos entendidos o generación de información que no aporta valor”.

Similar visión plantea el cofundador y CO-CEO de Xepelin, Sebastián Kreis: “Lo más relevante es trabajar con los mercados, con las empresas que ya operan, para que la implementación sea lo más exitosa posible”. 

Kreis expone que esto tiene que ver con tres cosas. La primera, “es entender cómo se relacionan las fintech con los consumidores y cuál es la mejor experiencia de usuario para que la regulación, por un lado, mejore la seguridad pero por otro lado, no perjudique la experiencia de usuario y la facilidad, esto es muy relevante”.

El segundo elemento es “cómo hacemos que la regulación sea positiva, en el sentido que se generen los incentivos para estar regulado porque existen beneficios, más que por el hecho de haber solo multas o una restricción adicional”, sostiene Kreis. 

Y por último, “es muy importante, que todos entiendan muy bien y de forma muy clara la implementación de la ley, para que efectivamente todos la hagan parte de su proceso, parte de su compañía, y parte de la estrategia de las mismas como algo que les agrega valor”. 

Más recursos

El presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, resalta en conversación con DF que la Ley Fintech es una oportunidad para la industria financiera para avanzar en la profundización de la inclusión financiera, pero que existen algunas situaciones que se deben tener presentes. 

Mena recalca la necesidad de llevar a cabo la puesta en marcha de mesas de trabajo público-privadas en la que estén todos los actores del ecosistema. Señala que “la experiencia internacional exitosa muestra que se requiere mesas de trabajo con todos los involucrados para poder ir escuchando y teniendo la posibilidad de mirar las mejores prácticas”. 

Uno de los puntos que marca preocupación para la banca son los recursos destinados la CMF para sus labores de supervisión tras el aumento de sus facultades mediante la aplicación de su perímetro regulatorio. 

Mena recuerda que “lo planteamos en el Congreso, la CMF requiere más recursos para hacer bien este proceso".

Ahonda que “los recursos que se dieron no son suficientes. Si uno hace una mirada con otros países latinoamericanos, un incremento de entre 17 a 23 personas en la CMF, me parece que es insuficiente. A la Comisión le va a llegar de forma muy pronta un centenar de empresas fintech que tendrá que supervisar y los bancos somos 15, para que tengamos una magnitud”.

Cuando se presentó la iniciativa al Congreso, el Ejecutivo detalló que la Ley Fintech implicaría un presupuesto de $ 1.200 millones durante su primer año y en régimen será un poco más de $ 1.044 millones. Dentro de este presupuesto se contempla la incorporación de 17 funcionarios adicionales a la CMF, lo que supondrá un gasto cercano a $ 924 millones.